La situación de la mujer senegalesa es difícil y dura en la mayor parte de las etnias y lugares del país. A pesar de las protecciones constitucionales, las mujeres senegalesas están expuestas a la discriminación social, especialmente en áreas rurales en las que las costumbres y tradiciones islámicas, incluídas la poligamia y los derechos a herencias, son extremas y las mujeres generalmente están relegadas a las labores tradicionales.
Según la Ley del país, las mujeres tienen el derecho de elegir cuando y con quien quieren casarse; pero, en algunas zonas, la práctica tradicional puede restringir el derecho de elegir de la mujer. No hay una edad mínima exigiada para casarse, los matrimonios son frecuentemente acordados en algunas comunidades, y en las uniones polígamas las mujeres no tienen el derecho de previas notificaciones o aprobaciones para un matrimonio posterior. En el campo, las mujeres continúan desarrollando las labores propias de la agricultura y ganadería de subsistencia, además de criar a los niños y con limitadas oportunidades para una educación.
Aunque el gobierno se ha comprometido con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la inscripción en la escuela primaria, existe todavía demasiada discriminación, social y oficial, contra las mujeres en cuanto a las oportunidades educativas. Sólo el 23% de las mujeres mayores de 15 años saben leer, mientras que la tasa de hombres de las mismas caractrísticas es de un 43%.
Se estima que sólamente un 20% de las mujeres ocupan un puesto de trabajo remunerado. Más aún, se puede decir que las prácticas tradicionales dificultan a las mujeres conseguir crédito bancario.
Las chicas se casan normalmente muy jóvenes (la mayoría a la edad de 16 años en las zonas rurales) y dan a luz, según las últimas estadísticas a 5.7 niños. Aproximadamente la mitad de las mujeres mantienen una unión poligámica. En 2004, las mujeres representaban el 8% de todos los trabajadores en el sector privado y un 15% en el sector público, según fuentes gubernamentales. En el sector privado, las mujeres recibían un salario en función a un trabajo a destajo, mientras que los hombres cobraban por hora, manifestándose así una seria desigualdad.
En enero de 1999 el gobierno aceptó una ley prohibiendo la práctica de la mutilación genital femenina, que está fuertemente condenanda por los expertos sanitarios internacionales como un daño tanto físico como psíquico. La ley proclamó la mutilación genital como una ofensa criminal conllevando el ingreso en prisión entre seis meses y cinco años para aquellos individuos que lo practiquen o esten relacionados con esta práctica, ya sea directa o indirectamente. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos consideran la ley como algo decisivo en la protección de las mujeres. Algunos líderes religiosos musulmanes también criticaron la ley porque consideran la mutilación genital femenina como una práctica religiosa. Mientras el gobierno patrocina programas para la educación de la mujer advirtiendo de los peligros que conlleva esta práctica de la mutilación, otros críticos de la nueva ley sostenían que estos programas deberían haber estado anteriormente dirigidos a la prohibición de esta práctica.
Desde 2016, Construye Mundo apoya la formación de mujeres jóvenes que viven en el Hogar María Goretti en Dakar con el fin de capacitarlas para que puedan encontrar trabajo y tengan un futuro con oportunidades. Ellas vienen de diferentes regiones de Senegal y de los alrededores de Dakar, dejando atrás familias con tradiciones nefastas, discriminatorias en muchos casos y en situación de bastante pobreza.
Los cursos que reciben las chicas son : alfabetización, hostelería, cocina, informática básica, fabricación de prendas, calzado y adornos, francés, costura, artesanía, seguridad, puericultura, salud y bricolaje principalmente. Esto les permite encontrar trabajos que dignifican su vida, empoderándolas y haciéndolas autónomas; apostando por la igualdad de género.